La Procuraduría General de la Nación pidió al director de Inteligencia de la Policía Nacional, brigadier general Jesús Alejandro Barrera Peña, un informe sobre el tratamiento que se daría a los datos personales con la puesta en marcha del sistema de ciberinteligencia, que actualmente se encuentra en proceso de contratación
El Ministerio Público inició una acción preventiva de vigilancia y seguimiento al Proceso de Contratación PN DIPOL SA 049-2020, por valor de $4.498 millones, y solicitó al director explicar el propósito y la justificación técnica para que el sistema de ciberinteligencia cuente con la funcionalidad para el seguimiento de tendencias mediáticas en redes sociales y la recolección de datos de los usuarios, especialmente de aquellos con mayor notoriedad e influencia.
Así mismo, requirió a la DIPOL sustentar los criterios tenidos en cuenta para determinar los sitios web en los que recolectarán información, quiénes tendrán acceso a las bases de datos, cuál es el protocolo que usarán con el software de inteligencia artificial basado en crawlers (programas que analizan documentos en portales web).
La Procuraduría pidió además un informe sobre los criterios técnicos y jurídicos que justifiquen la solicitud de entre otras, líneas de tiempo en un gráfico de sentimientos, detección de cuentas falsas, hashtag y URL principales, cuentas de redes sociales, conexión agrupada por lugar de trabajo, ciudad natal, educación, grupos internos, fuerza de conexión, cuentas falsas. El órgano de control preguntó cuál sería el criterio y el fundamento legal para optar por hacer este análisis en el ciberespacio y pidió información acerca de los usuarios internos y externos que podrían tener acceso a las bases de datos.
El Ministerio Público solicitó a la DIPOL una explicación detallada de por qué se solicita que el sistema permita “al analista definir cualquier tema y monitorear dinámicamente la actividad en redes sociales y de mensajería instantánea que cuentan con links públicos como Facebook, Twitter, Instagram”.
La Procuraduría recordó que según el Conpes 3845 de 2016, el responsable de la ciberseguridad y ciberdefensa del país es la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial y pidió aclarar el rol que cumplirá la DIPOL y los protocolos de seguridad que va a implementar para que los datos personales no sean vulnerados durante los procedimientos.
Finalmente, solicitó explicar cómo la DIPOL garantizará la privacidad y libertad de expresión en aquellos escenarios en los que se decida realizar seguimientos por posibles amenazas a la ciberseguridad, y aclarar el propósito final de la recolección de datos más allá del mandato de la ciberdefensa.
BC Noticias
